Siguen los desalojos de deudores hipotecarios

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18 de abril de 2008, 08:23 PM

La vecina de Villa Urquiza Dora Castañares ya no sabe qué puerta golpear. Un préstamo de 9000 pesos/dólares que pidió a una escribanía en 2001 para refaccionar su única vivienda, le costó el desalojo. "Justo el día que se levantaba el paro del campo fueron a mi casa cuando yo no estaba y desalojaron todo. Ya no pude volver. Cambiaron la cerradura", contó a LANACION.com.

Así, enfatiza que el problema del Gobierno con el campo, no es el único en la Argentina. "A los deudores hipotecarios hace años que nos tienen peregrinando por Tribunales con una ley que los jueces declaran inconstitucional", se queja.

Castañares dice que desde que su abogado "dejó caer su causa porque demoró la apelación", está con una depresión que nunca imaginó. Ahora, mientras piensa una estrategia para seguir y busca otro abogado, vive "de prestado" en la casa de un familiar.

Ella, al igual que unos 10.000 deudores, refinanció sus acreencias y paga mensualmente sus cuotas en el fondo fiduciario del Banco Nación. "Estoy al día con las cuotas, pero ese fondo no sirve", denunció Castañares.

Consultados por LA NACION, fuentes del fondo fiduciario creado por el Gobierno para salvar a las familias endeudadas con hipotecas y, a la vez, para compensar a los acreedores por la pesificación reconocieron que tienen en caja $ 150 millones.

Como Castañares, la deudora hipotecaria Mercedes Trotta el 27 de febrero último pudo frenar por cuarta vez la ejecución de su vivienda. "Sería importante que el ciudadano común se entere de que hay muchas deudas internas que aun no se han resuelto, que hay muchas familias argentinas que se están quedando sin sus hogares y las autoridades siguen negando esta realidad", criticó Trotta en diálogo con este medio.

A esta vecina de San Antonio de Padua, la escribanía que le prestó 15.000 pesos/dólares para refaccionar su casa le inició juicio un año después de que ingresara en el fiduciario.

"Los acreedores se cansaron de esperar sin cobrar. La excusa que ponen en el banco es que no está reglamentada la ley y por eso no paga", dijo.

El 80% en riesgo. En septiembre último, la entonces presidenta del fideicomiso, Mónica Costa, había informado a LA NACION que los 9140 deudores del fiduciario ingresaban mensualmente entre 2,5 y 3 millones de pesos en pago de sus cuotas. Abogados y legisladores que siguen estas causas coincidieron en que, de estos inscriptos, el 80% tiene sentencia firme de remate, aun cumpliendo con sus cuotas mensuales en el Banco Nación.

Las respuestas no llegan. Los deudores tienen su esperanza en la Corte Suprema de Justicia, la instancia en la cual las ejecuciones son frenadas. Sin embargo, Trotta aclaró: "Llegar a la Corte nos cuesta unos $ 5000 que poquitos de nosotros los tenemos. En mi caso estoy tramitando el beneficio de litigar sin gastos pero mientras esperaba la resolución de ese beneficio me fijaron fecha de subasta".

Cuando se consultó a la presidenta del fideicomiso dijo que el dinero recaudado está a disposición y precisó que hay $ 149,89 millones para cancelar obligaciones. "Los fondos que no son aceptados por el acreedor son invertidos en colocaciones de riesgo nulo; en este caso, se están colocando en Lebac", habían explicado en el Banco Nación. Sin embargo, los acreedores no cobran y las ejecuciones continúan.